FGR desmantela red de «huachicol fiscal» vinculada a exgobernador de Baja California
La Fiscalía General de la República (FGR) destapó un sofisticado esquema de contrabando de combustible que operaba en ocho estados del país, el cual habría provocado un daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos. En el centro de la investigación penal se encuentra la empresa Ingemar, dedicada a los servicios portuarios y ferroviarios, en la cual figura como accionista el exgobernador de Baja California, Ernesto «N».
De acuerdo con las indagatorias federales, la organización criminal utilizaba la fachada de la importación legal de derivados del petróleo para introducir cargamentos ilícitos desde Estados Unidos. El modus operandi consistía en engañar al fisco mediante declaraciones falsas en las aduanas, donde reportaban cantidades sustancialmente menores a las reales o alteraban la descripción de los productos para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
El núcleo de la operación logística se concentraba en el transporte ferroviario. La red criminal utilizaba carros-tanque y declaraba formalmente apenas el 10 por ciento de la capacidad real de cada unidad. Bajo este mecanismo, los contrabandistas reportaban el ingreso de aproximadamente 10 mil litros por vagón, cuando en realidad transportaban cargas completas de hasta 110 mil litros. Este flujo constante de hidrocarburos lograba evadir los filtros de seguridad fronterizos gracias a la presunta complicidad y contubernio de agentes aduanales y elementos de la Secretaría de Marina encargados de la vigilancia.
Una vez que el combustible cruzaba la frontera sin ser sometido a revisión, los convoyes eran desviados hacia espuelas ferroviarias y vías de conexión clandestinas. En estas instalaciones, que operaban al margen de la ley y sin las autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía, el producto se descargaba directamente en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas transportistas distintas, encargadas de su distribución final en el mercado nacional.
Las auditorías y peritajes financieros integrados en la carpeta de investigación de la FGR determinaron que el volumen del combustible no declarado alcanzó los 15 millones 299 mil 830 litros. Esta movilización ilegal generó un golpe directo a la Hacienda Pública de 106 millones 800 mil 821 pesos, derivado de la evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros 18 millones 289 mil 304 pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El rastreo de la FGR permitió ubicar geográficamente el epicentro de la entrada del hidrocarburo. Entre los meses de enero y julio de 2025, la organización llevó a cabo un total de 4 mil 238 operaciones de importación fraudulenta utilizando estratégicamente las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, consolidando al estado de Tamaulipas como la principal ruta de acceso para el contrabando energético de la organización.
