Una demora administrativa mantiene en prisión a Doña Carlota pese a contar con una orden judicial para continuar su proceso en casa.

Desde el pasado 17 de marzo, un juez determinó que Doña Carlota, de 74 años, podía acceder a prisión domiciliaria. Sin embargo, a más de dos semanas de la resolución, la medida no se ha concretado debido a un trámite pendiente dentro del sistema penitenciario del Estado de México.

De acuerdo con su defensa, la fianza de 250 mil pesos ya fue cubierta en su totalidad, por lo que no existe impedimento legal para su liberación. No obstante, la autoridad aún no ha instalado el dispositivo electrónico necesario para monitorear su ubicación, requisito indispensable para que pueda abandonar el penal de Chalco.

La situación ha generado preocupación entre sus familiares, quienes denuncian que la espera agrava su estado de salud, ya que la mujer padece diabetes. Han calificado el retraso como una forma de “tortura institucional”, al considerar que se está prolongando innecesariamente su estancia en prisión.

Doña Carlota enfrenta cargos relacionados con hechos ocurridos en 2025, cuando presuntamente actuó en defensa de una propiedad perteneciente a su hija.

Mientras tanto, el caso pone en evidencia cómo los procesos administrativos pueden retrasar la aplicación de resoluciones judiciales, incluso cuando se trata de personas en condiciones vulnerables.