Sanciona la Secretaría Anticorrupción a 41 funcionarios por irregularidades de 22.4 millones de pesos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas y económicas a un total de 41 personas servidoras públicas pertenecientes a diversas dependencias del Gobierno Federal. Las resoluciones del organismo contemplan inhabilitaciones de hasta una década para el desempeño del servicio público, así como sanciones financieras acumuladas que rebasan los 22.4 millones de pesos, derivadas del cobro indebido de prestaciones, falsificación de registros, uso indebido de vehículos institucionales y negligencia administrativa.
De acuerdo con el informe de la dependencia, los procedimientos disciplinarios se ejecutaron mediante sus Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control en instituciones clave como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Guardia Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los expedientes con las penalizaciones más severas involucran a dos exfuncionarios de Birmex, quienes recibieron inhabilitaciones de diez años y multas individuales por 12.2 y 8.7 millones de pesos. Las investigaciones confirmaron que ambos servidores autorizaron entre 2018 y 2019 el pago de facturas por servicios que no se suministraron en su totalidad, provocando un quebranto patrimonial cercano a los 20 millones de pesos a la entidad pública.
Por su parte, en la Comisión Federal de Electricidad se notificaron inhabilitaciones decenales dirigidas a un exservidor que omitió transparentar el origen de 5.4 millones de pesos en su declaración patrimonial, a una empleada en Baja California por percibir pagos excesivos de prima vacacional sin reportarlos, y a un trabajador en Coatzacoalcos responsable de la pérdida total de un vehículo oficial y equipo técnico tras accidentarse en estado de ebriedad.
La Secretaría Anticorrupción detalló que, en apego a la normativa vigente, todos los expedientes calificados como faltas administrativas graves han sido turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para dictaminar su resolución definitiva.
